Análisis

Fernando Pérez: Fondo Indígena “No hay ente o institución que responda de los desastres”

La creación de un fondo indígena responde a convenios vinculantes que asumió nuestro país con organismos internacionales, esto se refiere al Convenio 169 de la OIT. El objetivo de este fondo indígena a nivel internacional es el de contribuir al desarrollo de la economía de los pueblos indígenas rompiendo esa relación dañina de pertenencia a una etnia y pobreza consecuente.

Hoy vemos sin sorpresa una situación de corrupción esparcida en el manejo de los dineros del fondo. Esta situación ya se lo evidenciaba desde el inicio del Fondo y el mismo gobierno nacional ya recibió internamente  las alertas sobre este peligro que hoy es realidad.

El fondo creado en 2005 recién se hizo realidad a fines del año 2010.  Este fondo adolecía de dos tipos de problemas. El uno era de carácter institucional y el otro el de la ejecución técnica de los programas del Fondo. El primer problema nace de un pecado original, el del clientelismo político que es una derivación perversa de la identificación con las necesidades de  sectores empobrecidos de nuestra sociedad. La intención es loable, así como su marco filosófico, pero su implementación partió con esa carencia de falta de  institucionalidad. No hay ente o institución que responda de los desastres. El directorio del fondo está conformado por ocho organizaciones campesinas e indígenas y un representante del Ministerio. Las decisiones las toman los ocho miembros del directorio y la Ministra sólo avalaba con su firma estas decisiones. No tenía ella ningún poder porque los  8 representantes actuaban corporativamente, ahora estos se lavan las manos aduciendo que era la ministra era la que autorizaba los desembolsos.

El otro problema es el de la gestión de los programas y proyectos. No hay un ente estatal que se haga responsable del seguimiento técnico ni de su fiscalización, no existen mecanismos de control, no existe transparencia. Por esta razón las denuncias de malversación de los recursos caían en saco roto. Las comunidades indígenas no tienen la menor posibilidad de ejercer el control ciudadano sobre sus dirigentes porque eso afectaría su convivencia y su organización.

Este problema afecta también a las gobernaciones de corrientes políticas no afines al gobierno, éstas emplean el mismo tipo de relación clientelar política con los dirigentes, permitiéndoles el uso arbitrario de recursos, porque ellos garantizan votos.Así la lucha contra la pobreza extrema de las comunidades indígenas se diluye.  Ambos, gobierno y oposición parten de una relación dañina para ambos actores, el estado y pueblos indígenas.

El Fondo Indígena debe contar con un órgano consultivo donde participen los pueblos indígenas para recomendar políticas que apunten a fortalecer el crecimiento de la economía de cada pueblo. Debe contar con un órgano ejecutivo estatal para administrar estos fondos públicos, para ello debe tener equipos técnicos, administrativos y fiscalizadores.

Sólo así veremos frutos en esta lucha contra la pobreza que aqueja a nuestros hermanos más postergados en las comunidades indígenas y evitaremos lamentos y acusaciones de unos a otros.

 

Fernando Pérez es encargado del área pedagógica del Instituto Radiofónico IRFA Santa Cruz