Al principio de este año escolar me sorprendieron las largas colas de personas de toda edad y vestimenta, ante la verja del caserón de la Corte de Justicia a de la calle Potosí. No podía imaginar que tanta gente hiciera cola por causa de algún proceso seguido en la misma sede de la Corte de Distrito. Llegué a pensar que el gobierno habría descubierto un complot y que los nuevos fiscales estarían indagando e interrogando a centenares de sospechosos, naturalmente, de la vaporosa oposición.
Hasta que, a los pocos días, un joven padre de familia me explicó que le llamaron del colegio fiscal donde estudia su hijita, allí la señora directora le informó que la partida de nacimiento de la niña no servía y que debía recabar una nueva. Según la muy digna directora, el problema – demencial – estaba en que ese primer documento de la pequeña alumna no tenía valor legal porque estaba escrito sobre un papel membretado con el título de República de Bolivia y ennoblecido con el escudo oficial de nuestro país. Había pues que recabar otro certificado de nacimiento de la misma niña, pero inscrito sobre papel embretado con el título de Estado Plurinacional, etc.
El joven padre de la alumna, justificadamente irritado, le preguntó a la directora si es que la niña tenía que volver a nacer para que el Estado Plurinacional reconociese su llegada al mundo. La cumplidora docente se limitó a informarle que “son órdenes que vienen de arriba”. El susodicho no tuvo otro remedio que ponerse en la cola de la Corte, hasta que llegó su turno. Una funcionaria con rostro de peras amargas, le hizo el favor de extenderle un nuevo documento con los requisitos exigidos. Eso sí, previo pago de 30 Bs. en moneda nacional, válida hasta el momento.
Pues señores, el caso se repite al tratar de renovar el documento de identidad, de sacar un pasaporte, un carnet de conducir y otros documentos oficiales. ¿Habráse visto tamaña idiotez de la pública administración actual?
Otro interlocutor más osado arriesgó la hipótesis de que el asunto era recaudar 30 Bs., multiplicados por los miles de ciudadanos que tendrán que pasar por esas condiciones irracionales. Como había olvidado mi calculadora en la oficina, no pude dar la cifra total del este asalto colectivo.
El ilustrado lector podrá obtener el dato, por su cuenta, con una simple operación de suma. Todavía me atreví a preguntar para qué servirían esos millones. Para financiar los proyectos faraónicos, y otros fines políticos, respondieron a coro los sesudos politólogos y analistas más acreditados. Tonto de mí, todavía cometí el atrevimiento de preguntar cómo podrían llamarse esas operaciones que caen tan mal al ciudadano que tiene que formar colas, perder su tiempo y rascarse el bolsillo para entregar 30 Bs. a una funcionaria malagradecida. La respuesta de los sabios fue tan contundente como la mencionada más arriba: “¡Es la cleptoburocracia, estúpido!”.
