Resulta incomprensible, incluso para agudos analistas de la realidad nacional, la actitud del Gobierno respecto a la IX marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Y lo es porque todas las acciones que hasta ahora las autoridades y los dirigentes del MAS han desarrollado sólo les han restado legitimidad y credibilidad y, a la inversa, han ayudado a que los marchistas cosechen más y más simpatías.
Así, la marcha se acerca a la sede de gobierno entre amenazas de agresión por parte de adherentes al Gobierno y contundentes muestras de solidaridad por parte de los pobladores de los distintos pueblos por los que los marchistas atraviesan, y se prepara —lo que parece ser el peor temor de las autoridades— un masivo acto de recibimiento que, indirectamente, puede convertirse en un acto de repudio a la actitud oficial.
En ese escenario y en forma muy parecida a la tozudez con la que el viejo sistema político-partidario fue perdiendo legitimidad, las autoridades y dirigentes oficialistas se atrincheran en actitudes de soberbia y agresión que a nada conducen, en vez de lanzar señales de diálogo que permitan, como se ha sugerido en forma insistente, restañar heridas, reponer confianzas y encontrar caminos de concertación para conciliar las diferencias, sobre la base de la defensa del bien común y respeto a la Constitución Política del Estado.
De lo contrario, el sentimiento de desazón que va dominando a los distintos sectores del país (salvo, como siempre, a los circunstanciales conductores del país) podría consolidarse, lo que significaría un serio riesgo para la democracia y la pacífica convivencia ciudadana.
