Análisis

DESACATO COLONIALISTA

La  detención ilegal, por el lapso de seis horas, de la senadora pandina Carmen Eva Gonzáles, y las notificaciones fiscales entregadas a los parlamentarios cruceños, Germán Antelo y Tomás Monasterios, levantaron la indignación y la memoria olvidadiza de algunos, sobre la prerrogativa personal de la inviolabilidad e inmunidad que les corresponde por derecho a los senadores y a los diputados. El paciente lector disculpará que vuelva sobre este asunto que ya traté en mi anterior artículo. Hoy me referiré a hechos ocurridos en el lejano pasado y que confirman la improcedencia de las acciones de la fiscalía contra los mencionados legisladores.

Esta vez me remonto a los tiempos de la emancipación de las colonias de la Corona de España. La administración de Madrid se veía amenazada sucesivamente por los movimientos libertarios y sus correspondientes líderes indígenas y  criollos. Con objeto de facilitar el rápido enjuiciamiento, la destitución, el encarcelamiento, el destierro o el ahorcamiento de los revolucionarios, los leguleyos peninsulares usaron y abusaron de la figura del “desacato”. Lo mismo que la semana pasada utilizaron los fiscales para el caso que denunciamos.

Así se produce la paradoja de que los ahora autocalificados de descolonizadores plurinacionales, se valen de los mismos procedimientos que utilizaban los antiguos colonizadores hispanos. Es curioso que la tradición oral y escrita  nos ha legado el recuerdo del razonamiento que los rebeldes americanos aplicaban a las órdenes reales que llegaban de la Península: “se acata pero no se cumple”. En principio, era una expresión de la imposibilidad de cumplir en tierras americanas lo que se había dispuesto en la Península  Sin embargo la idea fue una forma de insumisión, de resistencia clara pero no violenta a la dominación hispana. Una insumisión que rápidamente fue pasando a los levantamientos populares e incluso a determinadas guarniciones militares.

La senadora Carmen Elsa Gonzales anunció ayer que presentaría un proyecto de ley que excluya del Código Penal la figura del desacato. De inmediato un parlamentario del MAS manifestó que su partido se opondría. Muy probablemente porque en el caso de que dicha figura de delito sea eliminada de la legislación Boliviana el gobierno perdería una de sus martingalas judiciales para enviar a galeras a los opositores que le molesten.

El siguiente paso que la senadora anuncia es el recurso a los organismos internacionales que dicen amparar y promover los derechos humanos. Nadie puede negarle esta gestión internacional. Sin embargo, mi modesta opinión personal es que los dichos organismos van a paso de tortuga y llegan a su meta cuando el conflicto se ha enfriado. Es más, sus fallos o recomendaciones suelen ser más optativas que vinculantes. Al ciudadano común como el que suscribe, no le queda otra vía que la indignación y la protesta.