Los movimientos sociales incluyeron el tema de la comunicación para la reunión Cumbre Plurinacional. El Presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que “a los medios hay que controlarlos para que no mientan”. No es el primer presidente que piensa así. Gobiernos de derecha y de izquierda han intentado modificar la Ley de Imprenta durante el siglo pasado. Los periodistas siempre lo impidieron levantando la bandera de la defensa de la Libertad de Expresión. Resultado: un solo juicio concluido y credibilidad de los medios en crisis.
El contexto actual es similar pero tiene diferencias sustanciales. Modificar la Ley actual o crear una nueva para controlar la información sería un error garrafal. El Gobierno afirma que los medios mienten y manipulan la información porque tienen intereses políticos. Los medios estatales hacen lo mismo. El sistema político ha invadido impunemente al sistema mediático.
La historia del periodismo en Bolivia demuestra que los periodistas han cometido y cometen abusos escudados en el derecho a la libre expresión. Muchos analistas dicen que se defiende la Ley de Imprenta porque su pesadez y desactualización son favorables para la irresponsabilidad. No olvidemos que no existe libertad sin responsabilidad. Ese es el minúsculo detalle sobre el que periodistas ni propietarios de medios quieren debatir. O sea que sobre autocrítica mejor ni hablar.
Bolivia ha dado pasos muy avanzados en el campo de los derechos humanos. Ninguna Constitución Política del mundo dice tan claramente que todos los ciudadanos tienen derecho a la información y la comunicación. Ese no es un simple juego de palabras. A no ser que sea pura retórica “fashion” del Estado Plurinacional. Es decir, un saludo a la Whiphala.
Sólo la actualización constitucional hacia el Derecho a la Información ya supone un cambio radical en el trabajo de actores involucrados. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión y no sólo los periodistas. Todos tenemos derecho a estar correcta y oportunamente informados gracias al trabajo de los periodistas. Seguir pensando en el periodismo como cuarto poder es revelar una vocación jurásica y antiética. La información es producto de un trabajo que requiere destreza técnica y tratamiento ético. La opinión no es información porque está cargada de subjetividad individual. Por eso los programas de “opinadores” no pueden ser llamados periodísticos. En Bolivia hay Libertad de Expresión pero todavía no hay Derecho a la Información.
Tal vez por eso todavía somos uno de los países más desinformados del continente.
El ejercicio del Derecho a la Comunicación está aun más lejos. Eso supondría diálogo permanente y acceso democrático a los sistemas de producción y difusión de mensajes. Supondría pluralismo político y coexistencia pacífica de pensamientos opuestos. Nada más ilusorio para pretender su cumplimiento.
