Análisis

CUMBRE SOCIAL

La cumbre social convocada por el Gobierno es lo más cercano a la muerte del Estado democrático y un paso enorme en dirección a la construcción de un Estado corporativo.

Un Estado democrático defiende valores, principios, derechos y procedimientos orientados a la participación ciudadana, como el sufragio universal, igual, directo y secreto, para elegir a sus representantes y conformar entidades de deliberación, debate, plurales y libres, como el Parlamento, las asambleas departamentales o concejos municipales.

Un Estado democrático no los sustituye ni crea organismos de deliberación y representación paralelos. Un Estado democrático se rige y promueve el cumplimiento de las leyes y de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza derechos y libertades ciudadanas, colocando límites a los excesos del poder político. En el marco de la Constitución, un Estado democrático promueve la existencia de opciones políticas y la libertad para elegir a sus representantes sin presiones ilícitas entre las opciones existentes.

Un Estado corporativo prescinde del sufragio universal y promueve escenarios políticos como la denominada cumbre social a partir de invitaciones directas a grupos, sindicatos o personas. Un Estado corporativo, por tanto, no promueve ni defiende entidades plurales y libres, como las instituciones democráticas, en su lugar, desde el poder, designa, señala, invita a militantes, simpatizantes, afines o amigos del partido gobernante para confirmar políticas y recibir instrucciones.

Un Estado corporativo promueve escenarios como la cumbre social para ir en contra de las instituciones democráticas, de principios o derechos democráticos como los derechos humanos o la libertad de expresión, por ejemplo.

Voceros del Estado corporativo, reclamando igualdad, justicia, participación y derechos, recurren y utilizan a los medios de comunicación para promover la reunión de sindicatos y corporaciones como en la cumbre social, la cual no es igualitaria ni justa en su convocatoria, ni plural ni democrática y, más bien, se atribuye competencias que corresponden a otras instancias preexistentes, en funcionamiento y democráticamente elegidas.

Además de usurpar el derecho a deliberar, se atribuye el derecho a planificar el desarrollo, debatir leyes, limitar derechos o censurar tanto a ciudadanos como a medios de comunicación.

En consecuencia, la cumbre social es un escenario corporativo en desmedro de instituciones democráticas, ha sido diseñada para relanzar la deteriorada figura presidencial, pretende orientar a un Gobierno agobiado por los conflictos, la ineficiencia y con la credibilidad por los suelos, proponiendo una nueva agenda política en sustitución de un agotado programa de gobierno. La cumbre social es también la crisis de la legalidad, el principio del fin del Estado democrático y la sustitución desembozada por un Estado corporativo.