Venezuela se retiró del sistema interamericano de justicia por estar en desacuerdo con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El canciller Nicolás Maduro justificó esta decisión porque considera “aberrante” aquella sentencia. El presidente Hugo Chávez le añadió la salsa y dijo que “acusamos (a dicha Corte) ante el mundo de llevar ese nombre de derechos humanos, apoyando al terrorismo”.
El hecho es que, en el 2003, un tribunal venezolano condenó como terrorista a un individuo por haber colocado explosivos en la embajada de España y en el consulado de Colombia en Caracas. Por su parte, el condenado por ese tribunal se querelló contra la judicatura venezolana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por haber sido víctima de “violación del derecho a la integridad física y tratos inhumanos durante su detención”.
Convengamos en que, tan condenable es tirar bombas como violar los derechos humanos y aplicar tratos inhumanos a una persona. Entendemos, además que no existe entre ambas jurisdicciones una relación formal de dependencia. Con todo, sí compete a los dos tribunales todo aquello que afecte a los derechos humanos. Entonces, los dos tribunales, el que condenó al supuesto terrorista y la corte latinoamericana que lo declaró víctima de tratos inhumanos durante su detención, quedarían de alguna forma empatados.
No es mi competencia ni mi propósito definir el caso. Pero sí que puedo permitirme emitir una opinión basada en un criterio objetivo que es la credibilidad. ¿Cuál de los dos tribunales es más confiable? Tengo para mí que la confianza juega a favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La razón es muy simple. El presidente de la República Bolivariana Hugo Chávez no se ha distinguido por sus convicciones democráticas y, en consecuencia ha puesto al poder judicial bajo su capricho, en lugar de preservar su independencia. Por el contrario, la Corte Interamericana no está supeditada a ningún mandón. Y en cuestión de independencia y probidad no hay empate. Los jueces venezolanos cargan con la presunción de servilismo político partidista mientras que la Corte Interamericana merece respeto.
Lo dicho sobre un caso ocurrido en Venezuela puede aplicarse a la administración de la justicia en Bolivia. Recuérdese que en el referéndum judicial del 2011, cuando la composición del órgano jurisdiccional se sometió al sufragio popular, la mayoría de los votantes se expresó a favor del voto nulo y en contra de la fórmula oficialista. Y sin embargo esta última es la que prevalece bajo la presión implacable del órgano ejecutivo, en instrumento de los designios políticos e incluso de los intereses personales de quienes manejan las riendas del país. Así les va. Pongamos por caso la corrupción flagrante destapada en YPFB. ¡Y es la segunda vez! ¿No será que el gobierno del MAS ha escogido la vía autoritaria que es la equivocada?
