Los sacerdotes diocesanos del país expresaron ayer su preocupación, a través de un mensaje al pueblo, por la creciente inseguridad ciudadana que ocasiona violencia; el aumento de divorcios que desvaloriza los sacramentos; además del incremento del narcotráfico que promueve la cultura del dinero en el país.
El mensaje fue leído por el presidente de la Conferencia Boliviana del Clero Diocesano, Pedro Cruz, a la conclusión de la XXVII Asamblea Nacional de los sacerdotes diocesanos que se realizó en Cochabamba desde el pasado lunes.
“Vemos con preocupación el contexto histórico marcado por la modalidad sensualista, relativista y materialista que tiende a suprimir a Dios del horizonte de la vida que no favorece la adquisición de un marco claro de valores cristianos, humanos y naturales que apaga la conciencia de la moral y del pecado y la convivencia humana, porque nos hace vivir en una sociedad de inseguridad ocasionados por la violencia del crimen”, dice parte del documento.
El tema de la migración también es parte de la problemática social que vive el país, que según los sacerdotes no sólo provoca dolor en las familias por la ausencia de alguno de sus miembros, motivada por la búsqueda de otras condiciones de vida, sino que está llevando a la destrucción del núcleo familiar y el abandono de los hijos.
Llama la atención, señala, el aumento de divorcios y separación de matrimonios “con graves consecuencias para los propios hijos y las mismas parejas, desvalorizando los sacramentos influenciados por ideologías foráneas al evangelio, despreciando la vida desde la concepción y desvalorizando la dignidad del ser humano”.
Otra preocupación, manifiestan, es el aumento del narcotráfico que “destruye la vida de las personas y fomenta la cultura del dinero y la valoración personal en el tener por encima del ser de la persona humana”.
“Como sacerdotes diocesanos de Bolivia reconocemos y apoyamos a los hermanos indígenas en su planteamiento y lucha por sus derechos naturales incluyendo territoriales en el mejoramiento de sus condiciones de vida que no son debidamente atendidos ni respetados en sus necesidades, siendo transgredidos en sus derechos naturales y humanos por las autoridades correspondientes coyunturales”, sigue el documento.
