Mientras predomine la excepción y no la regla en la adquisición de obras, bienes y servicios, las dudas y susceptibilidades aumentarán
Dos noticias publicadas durante los últimos días relacionadas con la excesiva facilidad y frecuencia con que durante los últimos tiempos se eluden las normas que regulan la contratación de obras públicas, bienes y servicios para proceder “de manera excepcional” por adjudicación directa, han vuelto a dar actualidad a un asunto que en nuestro país ya está adquiriendo dimensiones alarmantes.
El primero de los dos casos a los que nos referimos es la decisión del Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de proceder a la “contratación por excepción” de la Empresa Boliviana de la Construcción (EBC) y de la empresa comunal Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI), para que reanuden la apertura del Tramo Uno de la carretera que se propone atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro Sécure para unir Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.
El segundo caso es el relativo a la decisión de la Alcaldía de Cercado de comprar maquinaria pesada para Obras Públicas por 33 millones de bolivianos bajo las modalidades de contratación y por excepción para potenciar los trabajos de asfaltado y de infraestructura en el municipio.
Como es fácil recordar, y como lo hemos hecho notar en más de una oportunidad en este espacio editorial, pese al rótulo de “excepción” con los que se los presenta los ejemplos a los que nos referimos de excepcionales no tienen nada, pues esa práctica ha dejado de ser tal para convertirse en lo más habitual. Lo excepcional, ahora, es que se produzca alguna adjudicación precedida de todos los pasos y procedimientos rutinarios, previstos por las leyes vigentes para tal efecto.
Una elocuente muestra de la magnitud que ese fenómeno ha alcanzado tanto a nivel del Gobierno central como municipal la dan recientes investigaciones periodísticas que sobre la base de informes oficiales han establecido que ya supera los 2 mil millones de dólares la suma de los fondos públicos adjudicados “de manera excepcional” en forma directa a empresas privadas proveedoras de bienes y servicios al Estado. Y aunque se ha establecido también que gran parte de esos montos han estado relacionados con adquisiciones para el sector hidrocarburífero, durante los últimos meses se ha incrementado la cantidad de ese tipo de contratos suscritos para la ejecución de obras públicas. Y la Alcaldía de Cochabamba destaca por ser una de las instituciones que con más frecuencia recurre a esa excepcional vía.
Si, por un lado, resulta fácil encontrar una relación proporcional entre la frecuencia con que se recurre a las adjudicaciones directas y los casos de corrupción y, por el otro, esa manera de actuar se repite con creciente frecuencia, habrá que colegir que se requiere con urgencia establecer nuevos procedimientos para la adquisición de obras, bienes y servicios que garanticen la transparencia del proceso, la correcta adjudicación y también la oportunidad de su prestación. De otra manera, y mientras se siga privilegiando la excepción, no sólo que se mantendrán las dudas y sospechas, sino que se incrementarán, lo que, evidentemente, no hace nada bien ni a las autoridades adjudicadoras ni a las empresas adjudicadas.
